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Se aprueba la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo

El pasado 19 de junio de 2007 se aprobó en el senado el Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo.

El pasado 19 de junio de 2007 se aprobó en el senado el Proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo, lo que representa la primera regulación sistemática y unitaria del trabajo autónomo. Hasta ahora esta figura estaba regulada a través de referencias dispersas por toda la legislación social.
La aprobación de esta Ley marca, por tanto, un hito para el colectivo de personas afiliadas al régimen especial de trabajadores autónomos cuya cifra, según el dato del mes de mayo, se eleva a 3.117.503. Este colectivo, cada vez más heterogéneo, está registrando una trayectoria creciente, en buena medida explicada por el incremento de la inmigración y la incorporación de la mujer al mercado laboral.

La Ley define el catálogo de derechos y deberes de este colectivo y establece los principios generales en materia de protección social, contemplando medidas que pretenden avanzar hacia la convergencia y equiparación en aportaciones, derechos y obligaciones de la población trabajadora autónoma y la trabajadora por cuenta ajena incluida en el régimen general, uno de los principios contemplados en el Pacto de Toledo.
Uno de los aspectos más reseñables de la Ley es el del reconocimiento y regulación del trabajador autónomo económicamente dependiente, quien, a pesar de su autonomía funcional, desarrolla su actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario/a o cliente que lo contrata. La Ley extiende a este colectivo la protección por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y se reconoce la posibilidad de jubilación anticipada para aquellos trabajadores autónomos que desarrollen una actividad tóxica, peligrosa o penosa, en las mismas condiciones previstas para el régimen general. Se introducen, además, los acuerdos de interés profesional para este tipo de trabajadores.

La Ley establece también medidas dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, a impulsar la formación profesional y a favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada.

Por último, se crea un Consejo el Trabajo Autónomo, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional referida al sector.

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